domingo, 4 de noviembre de 2012

Israel: Amenaza de expropiación de bienes de la comunidad cristiana de Cremisán en Cisjordania

Monseñor William Shomali, Obispo
auxiliar de Jerusalén. Foto: blog
un sacerdote en tierra santa.
De cara a la amenaza de expropiación de terrenos cristianos por parte de Israel en el valle de Cremisán, cercano a Belén, William Shomali, Obispo auxiliar de Jerusalén, considera toda ayuda por parte de los gobiernos y las iglesias extranjeras para solucionar la cuestión, actualmente pendiente en los Juzgados, como un paso en dirección hacia la paz y la tranquilidad pública.

Así lo ha manifestado este Obispo, responsable del Patriarcado Latino, a la Fundación católica internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN). La Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (AOCTS) tomó por primera vez postura en la cuestión y pidió a Israel que pusiera fin a la construcción del muro, que considera ilegal, en el valle de Cremisán. Además, expresó el temor de que el muro previsto acelerara aún más la emigración cristiana de Tierra Santa.

Los Obispos niegan categóricamente que la Santa Sede y la Iglesia local hayan celebrado un acuerdo explícito o implícito con las autoridades israelíes sobre la construcción de este muro, tal como había afirmado la organización no gubernamental «The Israel Project» en un comunicado del 16 de octubre. Según este, la Santa Sede habría asentido a la construcción de dicha barrera, llevada a cabo en parte sobre terrenos pertenecientes a la Iglesia. 

El muro, de más de 750 kilómetros de longitud, se viene construyendo desde 2003 —en opinión de las autoridades israelíes, para defenderse contra el terrorismo—; el 80 por ciento de su trazado se encuentra más allá de la Línea Verde, que —en su condición de demarcación del armisticio de 1948— está considerada por el Derecho Internacional como la frontera exterior del Estado de Israel con Cisjordania, ocupada en 1967. Por ello, en un informe pericial de 2004, la Corte Internacional de Justicia en La Haya declaró la construcción del muro como una lesión del Derecho Internacional Público.

El Obispo auxiliar Shomali ha afirmado a AIN: «Si Israel construyera el muro sobre el trazado de la frontera que tenía validez antes de la ocupación de Cisjordania, no habría ningún problema. Israel tendría derecho a hacerlo y nadie podría oponerse a ello. Sin embargo, el problema es que la sección de muro en Cremisán se encuentra fuera de dicha frontera, en territorio palestino». Al margen de dicha violación del Derecho Internacional Público, el Obispo cree además que es posible encontrar un trazado para el muro que suponga menos expropiaciones de terrenos. La confiscación afectaría a 58 familias del pueblo, cristiano en más del 80 por ciento, de Beit Jala, cercano a Belén: sus olivares y huertos frutales se perderían y no pocas familias viven del cultivo de dichas superficies.

Israel, aún se empeña en construir una barrera para detener la
migración de los palestinos en su territorio. Para ello, necesita
de las propiedades de los cristianos palestinos.
Desde 2006, los afectados mantienen un pleito contra los planes israelíes, ante el Tribunal de Justicia israelí competente, en Tel Aviv. En 2010 se adhirieron a la demanda también las religiosas salesianas que dirigen una escuela en el terreno afectado desde 1960, a la que actualmente acuden unos 450 alumnos, tanto musulmanes como cristianos. También su convento quedaría separado de sus terrenos, si el muro se alzara como está previsto. También quedarían afectados los salesianos que, no lejos del convento de las religiosas, tienen un convento. A comienzos del año presentaron una solicitud para adherirse a la demanda, sobre la que no se ha tomado aún una decisión. La decisión del tribunal israelí se espera para después de febrero de 2013, cuando se hayan presentado las últimas respuestas por las partes oponentes.

Dice el Obispo auxiliar Shomali: «Queremos una decisión que esté de acuerdo con la justicia, no una que guste a la Iglesia». Le parece posible que el Tribunal dicte una sentencia justa, pues los tribunales israelíes son independientes de la justicia. Pero, en el caso —que no puede excluirse— de que sean confiscados los terrenos de las familias cristianas, lo cual —fáctica, aunque no jurídicamente— es equiparable a una expropiación, el Obispo está preocupado por las consecuencias materiales que tuviera para los afectados: «Tendríamos que pensar, con Cáritas y otras instituciones humanitarias, qué podríamos hacer. Pero temo que nuestros medios no sean suficientes».

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